04/07/2012, Ricardo Montesinos, Socialismo Revolucionario Barcelona
Una vez más, el gobierno hace recaer el coste de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora. En esta ocasión le ha tocado el turno a la minería del carbón de la cuenca asturiana, que proporciona trabajo a unos 4000 mineros y de la cual dependen unos 30000 empleos indirectos.
Siguiendo la política de austeridad y recortes impuesta por los mercados y las instituciones europeas, el gobierno del PP ha reducido en un 63% (unos 200 millones de €) los subsidios que destinaba a la minería del carbón. Este sector recibe ayudas desde 1986 para subsanar su carácter deficitario (que arrastra desde los años 60) y para sufragar un plan de reconversión que genere en la región una actividad económica alternativa capaz de dar empleo a los mineros cuando en 2018 se cierren definitivamente las minas.
El principal problema es que estos empleos que debían haberse creado no existen. Durante años los fondos se han malgastado en infraestructuras innecesarias, se han desviado para otros usos o, simplemente, han caído en manos de los corruptos. Si la minería del carbón desaparece toda la región central de Asturias se verá abocada al desempleo y forzada a la emigración.
Ante esta perspectiva, los mineros se han embarcado en una lucha por su futuro. Recordemos que entre los mineros asturianos existe una gran tradición de solidaridad de clase y de lucha obrera (tan solo hay que recordar la revolución de 1934 o la huelga de 1962). El 31 de mayo los mineros de las cuencas de Asturias y León (unos 8000 en total) se declararon en huelga indefinida. A esta declaración se le sumaron ocupaciones de plazas públicas, encierros en los pozos y cortes en autopistas, autovías y líneas férreas.
La reacción del gobierno ha sido mostrarse inflexible. En aquel momento la crisis financiera arreciaba y acababa de revelarse la magnitud de las pérdidas de Bankia. El gobierno necesitaba dar una imagen de fuerza ante Europa, los mercados y otros colectivos en lucha. La única respuesta ha sido la movilización de numerosos efectivos de la Policía y la Guardia Civil , que han protagonizado violentos enfrentamientos con los mineros y han sometido al principado a una suerte de estado de excepción, en el que los controles, las identificaciones y los cacheos son habituales.
Paralelamente, los medios de comunicación afines al gobierno han sometido a Asturias a un auténtico “cordón sanitario informativo”, silenciando cualquier información sobre el conflicto durante semanas, hasta que la magnitud de éste ha hecho imposible continuar con esta política. A partir de ese momento han cambiado de estrategia y han emprendido una campaña de falacias y mentiras con el objetivo de desprestigiar la lucha de los mineros y restarles apoyos entre la población: que los mineros son unos privilegiados, que financiamos con nuestros impuestos una actividad deficitaria, que la minería del carbón es antiecológica… Pero estas mentiras pueden ser fácilmente refutadas.
El sueldo de un minero oscila entre los 1000 y los 2000€ variando en función de su categoría profesional y antigüedad. Las famosas prejubilaciones van de los 1500 a los 2500€ y se dan normalmente entre los 42 y los 49 años. Hay que recordar que estamos hablando de una actividad de gran peligrosidad y proclive a las enfermedades profesionales.
Respecto al carácter deficitario de la minería del carbón española, es cierto que el carbón nacional (100€ por Tm) es más caro que el de importación (70€ por Tm). Pero también es verdad que en este cálculo no se incluyen otros costes como el ecológico (la contaminación producida por el transporte) o el social, tanto en los países de los cuales se importa el carbón como en las tradicionales cuencas mineras asturianas. El carbón importado proviene de países como Sudáfrica, Ucrania o Colombia, donde es extraído en condiciones de sobreexplotación laboral por los trabajadores. Por otra parte, la desaparición de la minería en Asturias provocará un gran descenso de la actividad económica en la zona y un aumento del desempleo y la precariedad laboral.
Por último, el hecho de cerrar las minas no supondrá ninguna reducción de las emisiones de CO2, puesto que las centrales térmicas nacionales seguirán funcionando, quemando carbón de importación en lugar del nacional.
El gobierno parece decidido a no ceder, aunque esto suponga la desaparición del único recurso energético autóctono, que durante muchos años ha sido considerado como estratégico. Recordemos que España es un país energéticamente deficitario, que debe importar la mayoría de sus recursos energéticos (petróleo y gas, principalmente) de países políticamente inestables. En caso de crisis energética, el carbón nacional sería el único recurso disponible.
El destino de las cuencas mineras asturianas está todavía en vilo. El próximo hito de esta lucha se dará el día 11 de julio, cuando una Marcha Negra llevada a cabo por mineros de distintas cuencas llegue a Madrid.
El éxito de esta lucha depende en gran medida del apoyo que consiga recabar entre el resto de la clase trabajadora. Ya se han producido huelgas de apoyo, tanto sectoriales (huelga en otras cuencas mineras el día 18 de junio) como territoriales (huelgas en Asturias de otros sectores como el transporte, astilleros…), pero es necesaria una gran movilización de los trabajadores en apoyo de los mineros para evitar que el gobierno acabe con las minas en beneficio de las empresas eléctricas (que podrán comprar carbón más barato) y acabe, de paso, con uno de los últimos reductos del movimiento obrero combativo en nuestro país.
Ante esta situación el rol de los sindicatos es de una gran importancia. Hay que exigirles que apoyen clara y contundentemente las reivindicaciones de los mineros y que vinculen su lucha con el resto de las luchas sectoriales que está llevando a cabo la clase trabajadora. El impacto que tendría una victoria de los mineros sería enorme y mostraría claramente que la lucha de clases es el principal instrumento del que dispone la clase trabajadora para hacer frente a las políticas de austeridad.
Desde SR demandamos:
1- Una auditoria que aclare el destino que se les ha dado a los fondos de reconversión malversados y el enjuiciamiento de los responsables.
2- La creación de un programa de inversión pública con el fin de crear alternativas para la población de las cuencas mineras, sometido a un control social real.
3- Una planificación ordenada de la política energética bajo control democrático de los trabajadores que tenga en cuenta las necesidades energéticas reales de la población, así como su impacto social y ecológico.
4- La convocatoria de una huelga general de 48 horas como el siguiente paso dentro de una estrategia de intensificación de la lucha de clases con el objetivo de poner fin a las políticas de austeridad.