Como si de una broma de mal gusto se tratara, el 28 de diciembre de 2012, la Dirección General de la Función Pública de Canarias informó mediante circular que a partir de enero de 2013 se iba a proceder a importantes recortes de horarios, y proporcionalmente de sueldo, a los funcionarios interinos y al personal laboral de la administración canaria (con algunas excepciones como sanidad, educación y justicia).
Estos salvajes recortes van a ser del 20% con carácter general, excepto para los trabajadores con menos de 25 horas a los que “solamente” se les recortará el 10%, y se suman a los anteriores recortes que han sufrido todos los trabajadores públicos y funcionarios en los últimos años. Según CCOO, esto supone que trabajadores que apenas superaban los 900 euros al mes van a tener un recorte adicional de unos 200 euros en sus nóminas. Los sindicatos además han denunciado que hay una gran desinformación sobre este tema y que algunos trabajadores están literalmente regalando horas de trabajo al no conocer el recorte de horas de trabajo y sueldo que ya se les está aplicando.
Hasta el momento los correspondientes comités de empresa no han convocado movilizaciones y está acudiendo solamente a la vía judicial, ante las protestas de muchos trabajadores y de los sindicatos más combativos. Pero éstas sin duda se acabarán dando, ya que el objetivo de déficit para 2013, la excusa por la que se han realizado estos recortes, muy probablemente no se cumplirá, y el gobierno seguirá realizando recortes a los trabajadores y a los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que el mismo “ahorro”, según los sindicatos, se hubiera conseguido reduciendo el número de altos cargos en la administración, una reducción del salario de estos cargos del 50% o la eliminación de los cargos de asesores.
En Canarias la tasa de paro es de más del 30% (de más del 60% entre los menores de 25 años), y la media de salarios es la más baja del estado español. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, con la excusa de menores recursos enviados por el gobierno de Madrid, se ha dedicado a hacer pagar a los trabajadores por la crisis durante años, con importantes recortes en servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia, y subidas de impuestos. Todos los trabajadores debemos oponernos a estos nuevos recortes, que afecta a la calidad de los servicios públicos, además de bajar el salario a empleados públicos en muchas ocasiones con bajos salarios o eventuales.