Resulta curioso como la empresa mixta EMALSA, la misma que tras despidos y ajustes de plantilla, y tras un nuevo convenio para sus trabajadores y trabajadoras (convenio causante de la huelga que se inicia a finales de marzo), sea la misma que pretende criminalizar las protestas de estos y estas trabajadoras y les acuse de ser los causantes de los supuestos sabotajes. Pero por más que ustedes desde la dirección de la empresa, o por más que el Ayuntamiento se empeñe en demonizarlos, en mi humilde opinión se les ve el plumero.
El comité de huelga niega dichos sabotajes en la red de suministro, y declara su profundo rechazo a las falsas imputaciones. Si pensáramos mal, ¿no serían esos fallos en la red una inoperatividad debido a los propios gestores de la empresa? Pero claro, eso supondría considerar la deliberación de esos actos como medio de presión por parte de la empresa, a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Brígida, para aceptar las subidas de tarifa excusándose en la necesidad de la renovación de las redes de transporte y distribución de aguas. El comité de huelga explicaba a la prensa como las averías ocurren a diario, razón por la cual, la empresa tiene personal de vigilancia y mantenimiento de redes; y que por tanto no es de extrañar que en una huelga indefinida y secundada por el 98% de la plantilla esos servicios no se pueden prestar con normalidad. Y es que ésta es precisamente el arma más fuerte de una huelga, porque sin trabajadores y sin trabajadoras la empresa no funciona. Para finalizar, el comité de huelga decía que si se puede acusar a alguien de sabotaje sería a la dirección de EMALSA, a tener constancia del "vertido de aguas residuales y fangos a través del emisario submarino" hechos que consideran deberían ser investigados por la Fiscalía de delitos medioambientales y el SEPRONA.
Las demandas de la asamblea de trabajadores no suponen una gran locura, de hecho supondrían un gasto de 50.000 € aproximadamente, cifra que Ayuntamiento y EMALSA se ven capaces de asumir. Constan de dos puntos prioritarios: el primero, que no se proceda a ningún despido más, el segundo, que el recorte salarial se haga de forma proporcional, sobretodo con aquellos trabajadores que cobren un salario igual o inferior a 1000 €. Una tercera demanda a tener en cuenta sería que se recupere la flexibilidad de horario que reclaman los trabajadores encargados de la vigilancia de los contadores, flexibilidad perdida en el nuevo convenio.
Todo ésto me lleva a pensar que en EMALSA pasa lo de siempre, una empresa mixta (con parte pública y parte privada) acogiéndose a la reforma laboral, decide buscar la rentabilidad del servicio recortando en el salario, las horas y la inversión en su plantilla en lugar de mejorar la inversión y la capacidad de renovación. ¿Porqué buscar la verdadera razón de esa falta de rentabilidad, si la hubiera? ¿Para qué buscar una mayor rentabilidad buscando mayor inversión para amplificar servicio y renovar tecnológicamente el mismo? ¿No será una nueva privatización encubierta y por fases?