Desde el estallido de la crisis se ha acelerado el proceso de recortes y desmontaje de los derechos sociales y laborales, ganados durante decenios, gracias principalmente a luchas sindicales de los trabajadores, muchas veces en circunstancias adversas. A pesar de la intensidad de dichos recortes, se pensaba que las pensiones iban a quedar al margen de este proceso, que se iba a respetar a un sector ya de por sí débil, pero que se había ganado, en buena medida por los muchos años de trabajo y de cotizaciones, sus pensiones de las que dependen en gran medida la seguridad económica de personas que, nos parece importante reiterarlo, han quedado fuera del mercado laboral.
Asistimos sin embargo a una nueva vuelta de tuerca, una medida que bien podemos considerar la medida más grave de la política de austeridad y una verdadera ofensiva contra los trabajadores en general, ante lo cual los sindicatos no pueden quedar al margen ni mantener la misma actitud hasta cierto punto pasiva que han tenido hasta ahora. El Gobierno de Rajoy plantea ahorrar, según datos propios, 30.000 millones de euros con esta política, a partir de una variación en el índice de revalorización de las pensiones, que se aplicará a todos los pensionistas a partir de 2014, y que ya no se basará en la inflación sino en un conjunto de factores como previsiones de gastos e ingresos, y en el denominado factor de sostenibilidad, que se aplicaría a los nuevos pensionistas a partir de 2019 y que se basa en la esperanza de vida como factor adicional a la baja en el cálculo de la pensión. Otros analistas sostienen que con predicciones más realistas de inflación, el "ahorro" ascendería… ¡a más de 60 mil millones!
Si el gobierno quiere ahorrar dinero, ha de buscar en otros ámbitos - recortando los millones que se gasta en la monarquía parásita, por ejemplo - nunca en el de unos derechos que no son superfluos, sino básicos para millones de personas, para sus vidas y su dignidad como personas.
No se puede olvidar tampoco que las pensiones, en los últimos años, apenas se han revalorizado, por lo que ha habido una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Y con este recorte el actual gobierno va a golpear unos derechos básicos. Se calcula que la bajada podrá llegar a ser hasta de doscientos euros en pensiones de mil euros, una verdadera sangría para miles de personas, en un momento, además, en que muchas familias se han quedado sin empleo y buena parte de ellas sin ningún ingreso, pues también los subsidios y ayudas sociales se han visto afectados por los recortes.
Nos resulta evidente que el gobierno de PP pretende dar un paso peligroso para todos los trabajadores y buena parte de las clases medias. Está aprovechando la puerta abierta facilitada por el gobierno anterior, de Zapatero, al aumentar la edad de jubilación a los 67 años y congelar las pensiones, con lo que iniciaba una peligrosa deriva, como lo vemos ahora, para ahondar todavía más en esta política de austeridad que es, sobre todo, un retroceso social sin paliativos.
Hay que tener en cuenta que afecta a todos los trabajadores, cualesquiera que sean sus condición, pero sobre todo a los más jóvenes y a los sectores que cuentan ahora con contratos reducidos y/o precarios. Han aumentado los periodos de cotización necesarios para cobrar unas pensiones mínimas, a lo que se suma estas medidas: el resultado es mayor pobreza e incluso miseria en un sector, repetimos, que posee menos mecanismos de supervivencia, que en muchos casos se estaban volviendo un factor de contención social y cuya repercusión será gravísima.
Se trata de toda una agresión ante la cual los sindicatos, la izquierda, la clase trabajadora y los jóvenes han de responder sin el mínimo género de dudas, porque una derrota en este ámbito, sobre todo una derrota sin haber combatido, supondría el mayor de los fracasos sociales de los últimos años del que no nos repondríamos en lustros. Ante un ataque tan generalizado que pretende acabar con los derechos conquistados de toda la clase trabajadora, los dirigentes sindicales no pueden seguir bloqueando el paso a una vuelta de movilizaciones generales, y han de convocar un plan de lucha que incluya una huelga general como punto de partida para acabar con este gobierno y toda su agenda de miseria y empobrecimiento planificado. Si no se muestran dispuestos, los trabajadores nos tenemos que ir organizando desde abajo para exigir un plan de lucha como hace falta.